Cuestión nacional
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El pasado 23 de septiembre 9 activistas de los Comités de Defensa de la República fueron detenidos en una operación ( "Judas") que tenía como objetivo provocar el máximo impacto. Más de 500 efectivos de la Guardia Civil, fuertemente armados, tumbando puertas de madrugada, haciendo registros sin la presencia de abogados, con acusaciones fuera de toda medida (rebelión, terrorismo, tenencia de explosivos). Pocos días después, el juez decretaba prisión incondicional sin fianza para 7 detenidos que habían sido trasladados a la Audiencia Nacional, encausados por terrorismo, tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

Después de titulares e informaciones de prensa que hablaban de Goma-2 y amonal, los mismos medios se ven obligados a hablar de termita (utilizada, entre otras cosas, para pirotecnia). El mismo comunicado de la Guardia Civil hablaba de materiales y sustancias que podrían ser "precursores" para la manufactura de explosivos. O sea, no han encontrado a los detenidos ningún tipo de artefactos explosivos. 

El juez había declarado el secreto del sumario y las defensas no habían podido ver más que la parte dispositiva (no la argumentativa) del auto de prisión. A pesar de ello hemos sido testigos de una campaña sistemática y bien organizada de filtraciones de todo tipo a los medios de comunicación, de supuestas confesiones de dos de los detenidos, del supuesto contenido del auto de prisión. Cada una de estas filtraciones estaba calculada para conseguir un efecto mediático bien preciso. Una vinculaba los CDR con el "terrorismo" de los detenidos. La otra creaba un supuesto vínculo del presidente Torra con los "terroristas". Una tercera establecía la teoría del "entorno de los terroristas" para criminalizar diversas organizaciones de la izquierda independentista (CUP, Arran, La Forja, etc.) y de la defensa de los detenidos (Alerta Solidària). Los "terroristas" se habían reunido con una persona de "perfil peligroso" (!!), nos dicen. Los diarios publican que era un ex-militante de Terra Lliure (una organización que ya no existe). Ahora dicen, sin rectificar la "información" anterior, que la persona era ... la hermana del presidente Puigdemont, y que el objetivo (que según estas mismas revelaciones nunca se consiguió) era ¡¡establecer un canal de comunicaciones seguras entre Torra y Puigdemont!! El "CNI catalán" era quien había "encargado el asalto al Parlamento". Cada día que pasa la madeja se enreda más. 

¿Cuál es el objetivo de toda esta operación? En primer lugar y muy claramente, uno de los objetivos es criminalizar los CDR. Hasta ahora los CDR han jugado un papel muy importante en la coordinación y la organización del movimiento republicano catalán. Son los que más fielmente representan el estallido de organización popular desde abajo que garantizó la celebración del referéndum el 1 de octubre y de la huelga general de protesta del 3 de octubre. Son los CDR los que han estado al frente de la lucha contra la represión en todos los momentos clave desde entonces. Es más, representan el desbordamiento radical de la dirección moderada del movimiento, representada por ERC y JxCat. 

Es obvio que el momento elegido tampoco es casual. A una semana del aniversario del 1 de octubre y justo en la víspera de la sentencia de los presos políticos juzgados por el referéndum, quieren enviar una señal muy clara: cualquier movilización será tachada de terrorismo y se actuará en consecuencia, los que las organicen o participen se arriesgan a enfrentarse a detenciones, acusaciones de terrorismo, pertenencia a banda armada, a largos períodos de prisión provisional y potencialmente a penas de prisión de muchos años. 

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En segundo lugar, la operación, las detenciones y la campaña mediática que las acompaña, tienen el objetivo de enviar un mensaje claro y contundente del régimen del 78 al Govern de la Generalitat y a los partidos que lo constituyen. Si os salís de la legalidad vigente en respuesta a la sentencia del referéndum, sea de obra o de palabra, no nos temblará la mano para utilizar de nuevo el 155, y quizás lo aplicaremos de manera más dura aún. No se permitirá ni siquiera acciones puramente simbólicas de desobediencia institucional, porque éstas pueden servir para alentar la desobediencia masiva popular. Este mensaje se ha enviado de manera explícita, cuando Sánchez exige que Torra se desmarque públicamente "de los violentos" (unos "violentos" que por otra parte no han ejercido ninguna violencia), cuando Casado y los hooligans de Ciudadanos braman pidiendo mano dura a Sánchez y la aplicación inmediata del 155, incluyendo el control de TV3 y los Mossos. El mensaje ha llegado a su destinatario y ha tenido el efecto deseado. Así, a pesar de las declaraciones iniciales del Govern, una carta a la delegada del gobierno central y una declaración institucional, el sábado 28 de septiembre no hubo ninguna representación oficial del gobierno en la multitudinaria manifestación de rechazo a las detenciones en Sabadell. 

Así pues los objetivos del estado español con esta operación son claros: acobardar al movimiento republicano y particularmente a su sector más radical, dinámico y popular, criminalizarlo y desarticularlo; y encadenar a las instituciones para que no muevan un dedo en respuesta a la sentencia. ¿Qué respuesta hay que dar? Como ya se ha empezado a hacer, hay que responder con movilización. Nos quieren encadenar, respondamos como un solo puño, más unidos que nunca, en la calle. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Hay que revitalizar, fortalecer y extender los CDR. Hay que dotarlos de una estructura democrática basada en delegados democráticamente elegidos para coordinarlos en el ámbito comarcal y nacional.

Es obvio que también hay que dar una respuesta contundente a la sentencia del referéndum, una sentencia que muy probablemente buscará un castigo ejemplar. La respuesta debe ser masiva y que vaya más allá de acciones simbólicas. Por ello es necesaria una campaña seria y organizada de explicación. Hay que ir más allá de los que ya estamos convencidos. Se deben organizar asambleas en los barrios, en las facultades e institutos y sobre todo en los centros de trabajo.

 En el movimiento republicano hay un cierto nivel de escepticismo hacia las acciones que se han hecho hasta ahora y que no han dado resultado. Algunos dicen: "tenemos que paralizar la economía". Esto es correcto, pero debemos sacar todas las conclusiones necesarias. En primer lugar ¿quién puede parar la economía? En una sociedad capitalista es la clase trabajadora la que lo hace funcionar todo y por tanto la que tiene el poder potencial de parar todo: el transporte, la energía, las comunicaciones, nada se mueve sin el amable permiso de la clase obrera. 

Grupos de activistas pueden cortar una carretera, o bloquear un mercado mayorista. Pero estas acciones, si no tienen un apoyo mayoritario corren el peligro de caer en el vanguardismo estéril, al aislar los sectores más avanzados de la mayoría y por lo tanto abrir el camino al aplastamiento del movimiento mediante la represión.

Una huelga general significa, no la acción de grupos más o menos grandes de activistas haciendo acciones de sabotaje, sino el movimiento consciente de la clase trabajadora ejerciendo el poder que tiene en la sociedad. Y para lograr esto es necesario primero ganar a sectores decisivos de la clase a la idea de una huelga general contra la represión y por todos los derechos. Esto no es sencillo. Los grandes acontecimientos son los que sacuden la conciencia. La represión del estado el 1 de octubre contra un movimiento democrático de masas fue lo que hizo posible la huelga general del 3 de octubre. La sentencia del juicio de los presos políticos puede provocar una reacción similar. Pero hay que preparar el terreno. 

Esta campaña, además, se ha de llevar al resto del Estado español, para romper con el aislamiento y la criminalización que quiere imponer el régimen del 78. Como decía correctamente la compañera Nuria Gibert, cuando hablaba de la necesidad de "rearmar el discurso no identitario sino emancipatorio y de derrocamiento del régimen del 78", hay que hacer "de la grieta catalana una grieta más profunda". 

En última instancia, luchar por la absolución sin cargos en el juicio del referéndum y de los detenidos del 23 de septiembre, es parte de la lucha más amplia para el ejercicio del derecho democrático de autodeterminación que sólo se puede conseguir mediante una ruptura revolucionaria con el régimen capitalista del 78.