El pasado curso 2019-2020 fue interrumpido repentinamente con la llegada de la pandemia provocada por la COVID-19 y el subsiguiente confinamiento domiciliario que duró cerca de tres meses. Ante esta situación, tanto profesorado como alumnos se tuvieron que adaptar a un nuevo modelo de docencia y evaluación online, de forma improvisada y, en muchos casos, sin los recursos necesarios para ello.
La Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), denominada Ley Celaá, es la nueva ley educativa elaborada por el gobierno PSOE-UP. Desde su aprobación en el Congreso de los Diputados, dirigentes de la derecha, instituciones religiosas y otros colectivos conservadores han tratado de incendiar las calles al grito de «libertad».Acusan al gobierno de destruir las escuelas concertadas, aniquilar la religión, o discriminar el castellano en Catalunya.
Desde hace algo más de un año, los compañeros de Lucha de Clases organizamos los Comités de Lucha Estudiantil (CLE), que tuvieron su origen en Antequera (Málaga), en la huelga estudiantil del 8M de 2019. Desde entonces, hemos consolidado esta plataforma en los tres institutos públicos de la ciudad, y en otras ciudades.
El inicio del curso escolar está marcado por la incertidumbre a consecuencia del rebrote de la epidemia de coronavirus y la negligencia de todas las administraciones del Estado, central y autonómicas, en planificar conjuntamente medidas de seguridad y de adaptación de espacios, protocolos y currículos, para alumnos y profesores.
El gobierno anunció el 15 de abril que el tercer trimestre del curso escolar se dedicaría a actividades de refuerzo educativo. Igualmente, aconsejó a las autoridades educativas que la norma en las evaluaciones de final de curso sea el promocionar de curso, salvo en caso “muy excepcionales”. Esta apuesta por una mayor “comprensividad” es muy positiva. Ahora bien, creemos que hay algunas debilidades en la norma aprobada.
El gobierno de derechas de la Junta de Andalucía está lanzando un ataque sin precedentes contra las universidades públicas de la comunidad mediante recortes en su financiación, que amenazan el acceso a la enseñanza superior y miles de puestos de trabajo. En este artículo, explicamos cómo se están llevando a cabo estos recortes y la necesidad de una movilización unitaria para hacerles frente.
El 14 de marzo iniciamos un periodo de confinamiento del que conocíamos la fecha de inicio pero no la fecha de finalización. El viernes anterior, alumnado y profesorado dejamos los centros de forma sorpresiva sin poder planificar ni coordinar el seguimiento de las clases y con la incertidumbre creada por una situación nunca vivida hasta ahora por nuestra generación.
