Movilización 15 de junio 19.30h, Las Setas - La UPO, igual que las Universidades de Jaén y Huelva, está en peligro. Su situación financiera se puede resumir con la expresión de “vivir al día”, sin saber qué va a pasar de un mes para otro. De hecho, está sobre la mesa el despido inminente de entre 80 y 200 profesores en régimen de personal laboral. Esto puede suponer hasta un 20% de recorte en personal docente.
Estos últimos meses se han dado tensos debates dentro de la comunidad universitaria concernientes a la tramitación de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) y la LCU (Ley de Convivencia Universitaria), principales propuestas legislativas del Ministerio de Universidades, dirigido por Unidas Podemos (UP).
El inicio del curso escolar está marcado por la incertidumbre a consecuencia del rebrote de la epidemia de coronavirus y la negligencia de todas las administraciones del Estado, central y autonómicas, en planificar conjuntamente medidas de seguridad y de adaptación de espacios, protocolos y currículos, para alumnos y profesores.
El pasado curso 2019-2020 fue interrumpido repentinamente con la llegada de la pandemia provocada por la COVID-19 y el subsiguiente confinamiento domiciliario que duró cerca de tres meses. Ante esta situación, tanto profesorado como alumnos se tuvieron que adaptar a un nuevo modelo de docencia y evaluación online, de forma improvisada y, en muchos casos, sin los recursos necesarios para ello.
El gobierno de derechas de la Junta de Andalucía está lanzando un ataque sin precedentes contra las universidades públicas de la comunidad mediante recortes en su financiación, que amenazan el acceso a la enseñanza superior y miles de puestos de trabajo. En este artículo, explicamos cómo se están llevando a cabo estos recortes y la necesidad de una movilización unitaria para hacerles frente.
La Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), denominada Ley Celaá, es la nueva ley educativa elaborada por el gobierno PSOE-UP. Desde su aprobación en el Congreso de los Diputados, dirigentes de la derecha, instituciones religiosas y otros colectivos conservadores han tratado de incendiar las calles al grito de «libertad».Acusan al gobierno de destruir las escuelas concertadas, aniquilar la religión, o discriminar el castellano en Catalunya.
Desde hace algo más de un año, los compañeros de Lucha de Clases organizamos los Comités de Lucha Estudiantil (CLE), que tuvieron su origen en Antequera (Málaga), en la huelga estudiantil del 8M de 2019. Desde entonces, hemos consolidado esta plataforma en los tres institutos públicos de la ciudad, y en otras ciudades.
