Recientemente, en varios campus universitarios del Estado español, hemos recibido ataques por parte de la burocracia universitaria. Este no es un acontecimiento casual ni aislado del contexto socioeconómico de crisis del capitalismo y emergencia de las organizaciones juveniles revolucionarias.
Hacen falta 33.000 plazas en la Formación Profesional (FP) en Madrid. A pesar de que el gobierno central ha otorgado 23 millones de euros a la Comunidad de Madrid “con el único fin de fomentar la Formación Profesional”, se ve la expansión continua de centros privados de FP y un declive de inversión en los centros públicos.
El pasado curso 2019-2020 fue interrumpido repentinamente con la llegada de la pandemia provocada por la COVID-19 y el subsiguiente confinamiento domiciliario que duró cerca de tres meses. Ante esta situación, tanto profesorado como alumnos se tuvieron que adaptar a un nuevo modelo de docencia y evaluación online, de forma improvisada y, en muchos casos, sin los recursos necesarios para ello.
Movilización 15 de junio 19.30h, Las Setas - La UPO, igual que las Universidades de Jaén y Huelva, está en peligro. Su situación financiera se puede resumir con la expresión de “vivir al día”, sin saber qué va a pasar de un mes para otro. De hecho, está sobre la mesa el despido inminente de entre 80 y 200 profesores en régimen de personal laboral. Esto puede suponer hasta un 20% de recorte en personal docente.
La Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), denominada Ley Celaá, es la nueva ley educativa elaborada por el gobierno PSOE-UP. Desde su aprobación en el Congreso de los Diputados, dirigentes de la derecha, instituciones religiosas y otros colectivos conservadores han tratado de incendiar las calles al grito de «libertad».Acusan al gobierno de destruir las escuelas concertadas, aniquilar la religión, o discriminar el castellano en Catalunya.
Estos últimos meses se han dado tensos debates dentro de la comunidad universitaria concernientes a la tramitación de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) y la LCU (Ley de Convivencia Universitaria), principales propuestas legislativas del Ministerio de Universidades, dirigido por Unidas Podemos (UP).
El inicio del curso escolar está marcado por la incertidumbre a consecuencia del rebrote de la epidemia de coronavirus y la negligencia de todas las administraciones del Estado, central y autonómicas, en planificar conjuntamente medidas de seguridad y de adaptación de espacios, protocolos y currículos, para alumnos y profesores.
